En la jornada “Periodismo hecho por periodistas” organizada por el CNP-Nueva Esparta con el único objetivo de defender a cabalidad la profesión de los trabajadores de medios, se rechazó que personas sin títulos de comunicadores sociales y sin estar inscritos en el CNP, como ordena la Ley del Ejercicio del Periodismo, efectúen entrevistas, escriban notas de prensa y difunden información, por ser una práctica ilegal que acarrea una sanción: prisión de 3 a 6 meses, según el artículo 39 de la ley.
Durante tres días los representantes gremiales de las 26 seccionales del CNP discutieron los principios fundamentales que rigen la carrera de Comunicación Social y revisaron casos particulares que se llevarán a instancias legales, como la Fiscalía General de la República, para que velen por el cumplimiento de la Ley del Ejercicio del Periodismo.
Silvia Alegrett, presidenta del CNP, manifestó que se tomarán acciones establecidas en las leyes vigentes y en los acuerdos aprobados en la XIV Convención Nacional, efectuada en 2010, en la que se decidió combatir las prácticas ilegales. Estas se manifiestan en la falta de colegiación de los egresados de las escuelas de Comunicación Social y en la usurpación de funciones que le son propias.
El CNP resolvió activar todas las seccionales de Venezuela para impulsar el acercamiento con las universidades con varios propósitos: 1) obtener datas actualizadas de los pasantes próximos a egresar; 2) dictar talleres de formación; 3) realizar jornadas para el registro de títulos en esas casas de estudio y centros de trabajo y 4) poner en práctica de campañas para motivar a los estudiantes y a los profesionales a participar en el Colegio, así como para dar a conocer las funciones de los periodistas y los comunicadores sociales en general y sus responsabilidades.“Hay que evitar la mala praxis. No se puede permitir que personas sin formación tomen un micrófono o se coloquen frente a una cámara y digan lo que les apetece”, expresó la secretaria general del CNP-Zulia, Nikary González.
González expuso los argumentos que obligan a los comunicadores a obtener un título universitario en una escuela de Comunicación Social, legalizarlo en los registros correspondientes e inscribirse en el CNP.
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